Será una de las herramientas con las que se intentarán limitar los precios en las autonomías que así lo decidan.
También se ampliará el plazo para encontrar alternativa habitacional a las familias vulnerables que van a ser desahuciadas.
El Gobierno ha decidido crear un registro en el que recoger todos los contratos de arrendamiento
que se firmen a nivel nacional. Esta es una de las medidas que están incluidas en la nueva Ley de Vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes y que ahora pasará a tramitación parlamentaria. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que también aclaran que el nuevo articulado dará herramientas a los jueces para paralizar durante más tiempo un desahucio y ampliará el plazo del que podrán disponer los servicios sociales
para encontrar una alternativa habitacional a las familias vulnerables que van a ser desahuciadas.
En la actualidad, los contratos de alquiler se inscriben en el Registro de la Propiedad, una institución que depende del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo pasa por ser el garante de los derechos y las obligaciones que se ejercen sobre los bienes inmuebles. En algunas autonomías, además, también existe un registro similar
al que se pretende hacer a nivel nacional. Es el caso del País Vasco, que desde 2015 obliga a registrar los contratos de arrendamiento urbano y a depositar las fianzas derivadas de dichos acuerdos.
Las mismas fuentes explican que todavía están buscando la fórmula con la que acometer la creación de dicho registro de contratos de alquiler. "Hay varias posibilidades", apuntan. En todo caso, cuentan que servirá como herramienta para aquellas comunidades que decidan acogerse al grueso de la ley para limitar los precios de los arrendamientos. "Pero no solo, sino que también dará garantías a la hora de proteger los derechos del arrendatario y del arrendado", continúan las fuentes, que añaden que no hay un calendario marcado para la creación del registro.
Otra de las novedades del texto pasa por la ampliación del plazo con el que podrán contar los servicios sociales para encontrar una alternativa habitacional para una familia vulnerable que vaya a ser desahuciada
y, también, para comprobar que sea verdaderamente vulnerable. Según fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez, en la Ley de Arrendamientos Urbanos ya existe la obligatoriedad de los juzgados de solicitar informes a los servicios sociales si la familia que va a sufrir el lanzamiento de su vivienda es vulnerable.
Hasta ahora, el plazo que podían fijar para comprobarlo y ofrecer otra alternativa era de un mes
si el arrendatario era una persona física y tres en el caso de que fuera jurídica. Con la entrada en vigor de la nueva ley -que se prevé para antes de octubre si España quiere cumplir con el plazo prometido ante Europa-, estos plazos pasarán a ser de dos meses en el primer caso y cuatro, en el segundo. "La ley no paraliza los desahucios, sino que amplía el plazo al que puede recurrir un juez que considere que tiene que pedir un informe por si la familia desahuciada necesita una alternativa habitacional", defienden estas fuentes.
Quedan meses de negociaciones
El trámite que la ley ha pasado este martes en el Consejo de Ministros no es el final del camino, más aun teniendo en cuenta que quedan meses de negociaciones y trámites parlamentarios, pues el Gobierno no cuenta con todos los apoyos necesarios en el Parlamento para sacar adelante el texto.
Hasta llegar a este punto de ser aprobado el proyecto de ley, el Gobierno se ha encontrado con ciertas dificultades, primero en la negociación entre los socios y después en el trámite consultivo, sobre todo por el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo informe resultó bastante crítico con la norma.
Además de definir la ley como "histórica, rigurosa, sólida, compacta y transversal"
y de asegurar que "no va en contra de los propietarios, sino de la especulación", la ministra Sánchez señaló este martes que "entiende perfectamente" las "funciones consultivas del CGPJ", pero también "cuál es el ámbito" de ese informe crítico. Sánchez explicó que el órgano de gobierno de los jueces "debía circunscribirse a tres artículos", algo que, ha dejado caer, no ha hecho. Además, contrapuso la "falta de competencias" que alegan los jueces con la Constitución, pues apuntó que el Estado tiene "competencia exclusiva a la hora de garantizar que los ciudadanos disfrutan de sus derechos, como el de la vivienda".
Así, en el texto se han introducido cambios "sustantivos" que se basan en argumentar, en la exposición de motivos del articulado y en disposiciones adicionales, que el Gobierno "no invade ninguna competencia autonómica" porque, además, "las reconoce y pone a su disposición todas las herramientas", como el control de alquileres.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por su parte, señaló que "los intereses económicos y políticos" contra la ley "son muy fuertes" pero que con ella se superará "una burbuja hipotecaria que ha dejado tras de sí el desahucio de miles de familias".